Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad. Estos son los calificativos que el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019 exige a la actuación profesional de los abogados, sobre los que, a su vez, hace descansar la dignidad de la profesión.
Pero la deontología, como rama de ética que establece los deberes relacionados con el ejercicio de la profesión, no solo afecta al abogado, sino que trasciende a su figura. La existencia de normas deontológicas no se entiende sin referencia real al grupo social organizado en el que se dictan, aplican y exigen, los Colegios de Abogados, que ejercen la función de ordenación interna de la profesión.
La editorial sepín presenta una obra única que todo colegiado debería tener siempre presente sobre su escritorio. Bajo la coordinación del abogado, Magistrado excedente y Doctor en Derecho D. Alberto Palomar Olmeda, grandísimos juristas nos orientan sobre las implicaciones y los derechos y deberes del nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de 2019.

Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad. Estos son los calificativos que el nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019 exige a la actuación profesional de los abogados, sobre los que, a su vez, hace descansar la dignidad de la profesión.
Pero la deontología, como rama de ética que establece los deberes relacionados con el ejercicio de la profesión, no solo afecta al abogado, sino que trasciende a su figura. La existencia de normas deontológicas no se entiende sin referencia real al grupo social organizado en el que se dictan, aplican y exigen, los Colegios de Abogados, que ejercen la función de ordenación interna de la profesión.
La editorial sepín presenta una obra única que todo colegiado debería tener siempre presente sobre su escritorio. Bajo la coordinación del abogado, Magistrado excedente y Doctor en Derecho D. Alberto Palomar Olmeda, grandísimos juristas nos orientan sobre las implicaciones y los derechos y deberes del nuevo Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 6 de marzo de 2019.

Esta obra, que viene a complementar al PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, responde a la necesidad de dotar de los medios necesarios a aquellas personas que habiendo obtenido el Grado en Derecho desean la obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. Ofrece los supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión. • Más de 2.450 supuestos (más de 150 casos prácticos, más de 600 mini casos con respuesta alternativa y más de 1.650 preguntas tipo test) que se corresponden con los 135 temas de la prueba de Acceso a la Abogacía y los 74 de la prueba de acceso a la Procura • Actualizado al temario de las últimas convocatorias de las pruebas de acceso • Contiene supuestos que se corresponden con las cuestiones planteadas en el examen • Da respuesta a los temarios de Abogados y Procuradores Ofrece a quienes quieren ejercer las Profesiones de Abogado y Procurador los elementos que permiten aplicar los necesarios conocimientos teóricos a través de supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión.

La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales supuso un importante cambio en la ordenación de ambas profesiones y, sobre todo, en el acceso a las mismas. Desde que la prueba de acceso se convocó por primera vez se ha venido publicando el practicum de acceso a la abogacía que trata de ser un corpus teórico y práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y cuya finalidad ha sido que los aspirantes a la participación en dicha prueba pudieran disponer de los materiales suficientes para la preparación y superación de dicha prueba. Esta nueva edición correspondiente a 2019 ha supuesto no solo la actualización del conjunto de temas sino, especialmente, el deseo de ajustar los contenido al programa con el que se viene desenvolviendo la prueba y, por tanto, centrar más los materiales al contenido más estricto del programa que se completaran en breve con un tomo adicional de carácter eminentemente práctico y pensando en la preparación más explícita y en los aspectos de resolución concreta de las cuestiones que se plantean. Esta continua labor de actualización y de compromiso con el objetivo central que se trataba de servir con la instauración de la prueba de acceso ha sido, hasta ahora, bien recibida por los usuarios y esperamos que este esfuerzo adicional mantenga el interés y la utilidad de la Obra.

La contratación pública está sometida en los últimos años a un profundo cambio y a continuas modificaciones de su régimen jurídico. En el caso concreto de los contratos menores las modificaciones no pueden considerarse cosméticas sino que, realmente, han tenido un alcance y una virtualidad que ha propiciado que, rápidamente, se conviertan en un tema conflictivo. Esta conflictividad es especialmente llamativa en un supuesto como el presente porque se trata del contrato que más se utiliza con carácter general y que afecta al conjunto de Administraciones Públicas en mayor o menor medida y el que se ha fiado una parte de la administración ordinaria de algunas de dichas Administraciones Públicas. La Obra trata de analizar con una visión y un alcance general tanto la definición y características como el procedimiento y las responsabilidades de la ejecución de los mismos.

Esta obra, que viene a complementar al PRACTICUM EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, responde a la necesidad de dotar de los medios necesarios a aquellas personas que habiendo obtenido el Grado en Derecho desean la obtención del título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales. Ofrece los supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión. • Más de 2.250 supuestos (157 casos prácticos, y más de 500 mini casos con respuesta alternativa y 1.600 preguntas tipo test) que se corresponden con los 135 temas de la prueba de Acceso a la Abogacía y los 74 de la prueba de acceso a la Procura • Actualizado al temario de las últimas convocatorias de las pruebas de acceso • Contiene supuestos que se corresponden con las cuestiones planteadas en el examen • Da respuesta a los temarios de Abogados y Procuradores Ofrece a quienes quieren ejercer las Profesiones de Abogado y Procurador los elementos que permiten aplicar los necesarios conocimientos teóricos a través de supuestos y cuestiones que responden a la realidad que se produce en la práctica y que permiten preparar la prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples en qué consisten las pruebas de acceso a la profesión.

La publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas con un plazo de vacatio legis como mínimo de un año, supuso un nuevo esquema de funcionamiento de las Administraciones Públicas. En el ámbito procedimental que es el que se corresponde con el presente practicum se aprecia una clara incidencia y una apuesta cerrada por el procedimiento de carácter electrónico y por la sistematización y ordenación del conjunto de reformas que en materia de procedimiento administrativo se han ido produciendo en los últimos años. La aparición de la declaración responsable y la comunicación previa, de un lado, y la configuración del silencio positivo como la regla en la actuación administrativa son elementos que ya estaban operativos en nuestro ordenamiento pero que configuran unas pautas diferentes de actuación que se proyectan sobre el conjunto de la actividad administrativa que deberá adaptar las reglas clásicas de funcionamiento a estos nuevos esquemas. En esta misma línea se opta por un procedimiento común que incluye separadamente, en cada aspecto de la regulación, las peculiriades del procedimiento sancionador y del procedimiento de reconocimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial. La característica más notable es, por tanto, la pérdida de referencia como procedimientos especiales para convertirse en peculiaridades del procedimiento común. En síntesis un nuevo esquema de funcionamiento, nueva regulación y adaptación sistematizada de algunas de las instituciones que se habían introducido en los últimos años pero que necesitan de un amplio rodaje para su consolidación. La demora introducida en algunos de los elementos clave de la denominada Administración electrónica introduce, sin embargo, un prolongación de la incertidumbre del derecho transitorio y, en general, en la aplicación completa del entramado administrativo aunque es cierto que esta demora se ve acompañada de algunos de los primeros pronunciamientos judiciales que vienen a aclarar el sistema en su conjunto. En el ámbito procedimental que es el que se corresponde con el presente practicum se aprecia una clara incidencia y una apuesta cerrada por el procedimiento de carácter electrónico y por la sistematización y ordenación del conjunto de reformas que en materia de procedimiento administrativo se han ido produciendo en los últimos años. La aparición de la declaración responsable y la comunicación previa, de un lado, y la configuración del silencio positivo como la regla en la actuación administrativa son elementos que ya estaban operativos en nuestro ordenamiento pero que configuran unas pautas diferentes de actuación que se proyectan sobre el conjunto de la actividad administrativa que deberá adaptar las reglas clásicas de funcionamiento a estos nuevos esquemas. En esta misma línea se opta por un procedimiento común que incluye separadamente, en cada aspecto de la regulación, las peculiriades del procedimiento sancionador y del procedimiento de reconocimiento de la existencia de responsabilidad patrimonial. La característica más notable es, por tanto, la pérdida de referencia como procedimientos especiales para convertirse en peculiaridades del procedimiento común. En síntesis un nuevo esquema de funcionamiento, nueva regulación y adaptación sistematizada de algunas de las instituciones que se habían introducido en los últimos años pero que necesitan de un amplio rodaje para su consolidación.

La jurisdicción contencioso-administrativa se conforma como una jurisdicción especial que tiene por objeto conocer de los actos y disposición que dicten los órganos administrativos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción especializada ha sufrido una importante transformación en los últimos años que va, desde la introducción de los órganos unipersonales de enjuiciamiento a la superación de la concepción tradicional de la misma que se situaba en el el carácter y la condición revisora de la actuación administrativa para convertir la actuación ante este jurisdicción en una actuación jurisdiccional con pretensiones plenas. El Practicum responde a esta misma concepción. De un lado se articulan los elementos tradicionales y más representativos de la actuación ante la jurisdicción contencioso-administrativa como son los relativos a la organización, competencias, legitimación y representación ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, de otro, los procedimientos ordenados en procedimientos generales (ordinario y abreviado) y procedimientos especiales con referencia, en esta última categoría, a algunos procedimientos especiales de nueva instauración como el de defensa de la unidad de mercado que reconfigura alguno de los elementos centrales de la nueva posición de esta jurisdicción. En esta Edición se incorpora ya la experiencia acumulada del recurso de casación y, específicamente, de sus trámites esenciales para la admisión.